SONAMI, SalmonChile, CPC, CCHC, SNA, CORMA, Sonapesca, entre otros, se reunieron para hacer un llamado urgente al Gobierno a escuchar a los sectores productivos, conformar mesas de trabajo multisectoriales y extender los plazos de la consulta pública sobre sitios prioritarios.
En un punto de prensa en conjunto, los presidentes de los principales gremios productivos del país manifestaron su preocupación ante la forma en que se está implementando la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), específicamente sobre cómo se están elaborando los reglamentos y definiendo los sitios prioritarios.
Los representantes gremiales expusieron el impacto que tendría para el desarrollo económico de Chile el frenar actividades previamente autorizadas e hicieron un llamado urgente al Gobierno a conformar mesas de trabajo multisectoriales.
En la instancia, estuvieron presentes el presidente de SONAMI, Jorge Riesco; la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; el presidente de SalmonChile, Arturo Clement; el presidente de la CCHC, Alfredo Echavarría; el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval; el presidente de CORMA, Rodrigo O’Ryan; la vicepresidenta de la SNA, Carolina Cruz; la presidenta de Pescadores Industriales del Bío Bío, Macarena Cepeda; la presidenta de Aprimin, Dominique Viera; el presidente de Corproa, Juan José Ronsecco; y el gerente general de Corminco, Ignacio Pinto.
“Valoramos que Chile cuente con una legislación que proteja nuestra biodiversidad y reconocemos la importancia del SBAP como instrumento para el desarrollo sostenible. Sin embargo, necesitamos que los reglamentos resguarden el espíritu de la ley: que sean claros, compartidos por todos y que respeten los derechos adquiridos”, manifestaron en una declaración conjunta dada a conocer por Jorge Riesco.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, por su parte, destacó que “nosotros abogamos por el crecimiento y el desarrollo sostenible y bajo eso se entiende el necesario crecimiento que le da dinamismo al país, que genera empleo, mejores salarios y oportunidades. Y eso va de la mano con la protección del medio ambiente” y fue enfática en su preocupación por “iniciativas como esta, que básicamente a través de decretos exentos está estableciendo sitios prioritarios que son una extensión de áreas protegidas en sectores y en áreas que son de derecho privado y donde hay iniciativas de inversión”, agregó.
Jiménez también emplazó al Consejo de Ministros de Sustentabilidad y Cambio Climático para que “los ministros sectoriales, de energía, minería, economía y agricultura, sean quienes levanten el necesario contrapeso de cuánto esto puede afectar la actividad productiva” y advirtió que espera que dicho Consejo “no simplemente valide todo lo que emana del Ministerio del Medio Ambiente”.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, advirtió que “la institucionalidad ambiental que se ha dado Chile es una institucionalidad para tener un razonable y justo equilibrio entre el desarrollo que el país necesita y la protección de nuestro entorno”, enfatizando que “hemos visto en el último tiempo que se ha exacerbado la mano hacia el otro lado, la cantidad de proyectos detenidos por temas ambientales es innumerable, y eso es parte de lo que explica lo estancada que está nuestra economía”.
Por su parte, el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, manifestó que “como salmonicultores estamos convencidos de que se debe encontrar un equilibrio entre el respeto al medio ambiente, el desarrollo económico y el derecho de los habitantes del sur de Chile a prosperar”, subrayando que “Chile puede y debe proteger su biodiversidad sin sacrificar sectores estratégicos para su desarrollo ni truncar las aspiraciones de millones de chilenos”.
En la declaración conjunta, los gremios indicaron que el listado de 99 sitios prioritarios propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente “da cuenta de que se está actuando de manera apresurada, sin ningún análisis técnico y sin escuchar a los sectores productivos involucrados. Resulta inaceptable que se estén afectando actividades previamente autorizadas para el desarrollo productivo, amenazando transformar una buena política pública en un obstáculo para la reactivación económica y el desarrollo del país”.
“Nos preocupa profundamente que al término de este Gobierno se firmen apresuradamente decretos de amarre que determinarán el futuro productivo de Chile y que difícilmente se podrán corregir después”, agregaron los representantes gremiales.
En ese sentido, sostuvieron que existe la oportunidad “de hacer las cosas bien”, haciendo un llamado al Gobierno a extender el plazo de la consulta pública sobre sitios prioritarios para permitir un análisis técnico profundo; a conformar mesas de trabajo multisectoriales que involucren a todos los sectores productivos afectados, para realizar un trabajo serio y elaborar reglamentos equilibrados; a garantizar que los reglamentos sean claros, transparentes y respetuosos del espíritu original de la ley, sin extralimitarse en su alcance; a asegurar el respeto a los derechos adquiridos y a las actividades económicas preexistentes; y a considerar el impacto económico y social de estas decisiones en la reactivación del país.
Los líderes culminaron manifestando estar disponibles para dialogar, aportar con propuestas y antecedentes técnicos que fortalezcan esta discusión. “Chile puede y debe proteger su biodiversidad sin sacrificar sectores estratégicos para su desarrollo ni truncar las aspiraciones de millones de chilenos”, concluyeron en su declaración.