Merma de la certeza jurídica

“A diferencia de la normativa actual, la propuesta votada por la Comisión de Medio Ambiente cambia la temporalidad de las concesiones. La minería trabaja a largo plazo, son proyectos complejos, que se desarrollan en 30 – 40 años, por lo que necesitan de certeza jurídica para invertir y operar. Lo propuesto, justamente va en sentido contrario”, explicó el presidente de Corproa, Daniel Llorente Viñales.

“El 82% del cobre chileno se produce en nuestros territorios. De los US$68.925 millones en inversiones mineras que ha proyectado Cochilco hacia 2030, un 29% se realizará en Antofagasta, un 26% en Atacama, un 15% en Tarapacá y un 10% en Coquimbo. Es decir, el 80% de las inversiones que representamos como macrozona quedan en un punto de suspensión. Por ejemplo, durante el primer trimestre de 2022 el monto total de iniciativas sometidas a tramitación ambiental (SEA) descendió un 16% frente a igual periodo del año anterior. De esta manera, se presentaron 159 proyectos, por un monto total de US$11.658 millones, comparado con las 228 iniciativas ingresadas con un valor de US$13.954 millones, en el mismo lapso de 2021”, señaló Francisco Puga, presidente de Cidere.

Los cuatro representantes de los gremios industriales explicaron que se están cimentando las bases de un régimen jurídico minero débil y precario, que terminará dándole un certero tiro de gracia al actual régimen de concesiones y a la industria minera chilena. “Ya no serán los tribunales de justicia los que otorguen las concesiones mineras, sino una entidad administrativa dependiente de la autoridad de turno, la que entregará un permiso transitorio, el que puede caducar o revocar, sin que aún estén definidos los motivos para aquello”, aseveraron.

Cidere, Corproa, AIA y AII agrupan a más de 600 asociados de empresas grandes, medianas y pequeñas de servicios, energías limpias, transportes, puertos, turismo, alimentación y una diversa lista articulada por un factor común: la minería. Por lo mismo han decidido seguir de cerca los avances en el estatuto constitucional de la minería. “Esperábamos una nueva Constitución descentralizadora que facilitaría una distribución más equitativa de las oportunidades, pero vemos con desilusión que podría terminar no solo estancando el crecimiento del país, sino aumentando el nivel de desigualdad y pobreza”, concluyeron.